¿Está cambiando la estrategia de guerra interna implantada desde el gobierno federal en todos los rincones del país? Todavía no podemos estar seguros. Entonces, tal vez ¿está cambiando la táctica de la guerra? Es más que probable. Parecería ser que el gobierno federal ha decidido, no sabemos por cuánto tiempo, lanzar una ofensiva táctica hacia el activismo y la protesta social, que lo desmovilice y genere ya no miedo, sino terror en el resto de la sociedad. ¿Por qué? Los tiempos para instalar materialmente los grandes proyectos económicos (compromiso trasnacional y nacional ineludible a cambio de la realización del fraude electoral en 2006), especialmente a lo largo del sureste mexicano, se han acortado ante el año electoral que se viene y las pugnas en la clase política del país. Por tanto, la urgencia se va imponiendo, e históricamente sabemos que cuando se tiene prisa y no se tienen razones suficientes, el poder echa mano de la violencia institucionalizada para imponer su voluntad. Veamos los datos más recientes.
Lo que pasó en estos días en el caracol de La Garrucha en Chiapas, y otros poblados cercanos, es altamente preocupante por la forma y magnitud de la provocación, amenaza y ataque. Las comunidades zapatistas demostraron una vez más su firme y sabia decisión de no caer en la espiral de la guerra, y repelieron con enorme dignidad el ataque con cuanto instrumento material tenían a la mano. Pero la certeza del aviso y la posible escalada militar ahí queda.
Por otro lado, nuestro Morelos, como las autoridades mismas han afirmado desde hace meses, parece realmente ser un “laboratorio de la seguridad nacional”. Adame y Giles son fieles alfiles en estas “tareas”. En semanas recientes veíamos con asombro cómo llegaban a Morelos, en comisión especial, 400 federales preventivos, mientras a Sinaloa, corazón de la guerra al narco, llegaban en ese momento 200. Esto despertó no pocas interrogantes. Ahora empezamos a tener las respuestas; más rápido de lo que hubiéramos deseado y esperado. En estos días en Morelos, los federales detuvieron, tuvieron incomunicado por dos días y torturaron a un menor de 15 años, y hace un par de días secuestraron, golpearon salvajemente con tubos y tiraron por el camino de Chalma al ayudante municipal de San Antón, opositor como miles y miles de ciudadanos de esta región a la construcción del relleno sanitario de Loma Mejía. También aparecieron anteayer cuatro ejecutados en pleno centro de Xochitepec.
A nivel político nacional, el ataque es cada vez más frontal y agresivo, encabezado por Calderón y un partido “a sus órdenes”. Se da en medio de una mezcla de prepotencia, cinismo e impunidad totales: el publicista español responsable de la pasada guerra sucia electoral en México habla en Madrid ante empresarios españoles diciendo que la reforma de privatización petrolera será seguramente aprobada mientras en el país estamos en pleno debate parlamentario sobre el tema; emisarios de alto nivel del gobierno federal afirman lo mismo ante empresas españolas; el Presidente en estos días justo decide visitar España y ofrecer cuanto puede de lo que queda de nuestro país; el nuevo coordinador parlamentario del PAN –impuesto desde Los Pinos– inició anteayer su gestión burlándose cínicamente de los debates parlamentarios y afirmando que todo se decidirá entre la clase política. El gobierno afirma que asumirá los “costos sociales” de la reforma privatizadora, o sea, del descontento y rebeldía social que va a generar tamaña imposición negociada por los partidos en una votación en “lo oscurito”. Efectivamente, vemos cómo se están preparando para ese enfrentamiento.